COMPITAN O DESAPAREZCAN

Dejémonos de manipulaciones sobre la libertad de prensa: el proyecto de ley Mulder que propone prohibirle al Estado la contratación y difusión de anuncios en medios privados debe aprobarse de inmediato.

En primer lugar porque las empresas periodísticas privadas deben mantenerse dentro de un mercado libre, regulado constitucionalmente por la Economía Social de Mercado, dejando de ser mercantilistas y rabonas de la publicidad estatal. Ningún otro sector económico recibe este tratamiento privilegiado; y este sistema de subvención del fisco tuvo cierta lógica cuando tras la incautación por parte de la dictadura militar surgió la necesidad de reparar el daño causado durante casi una década de usurpación y saqueo. Cosa que explica, entre otras cosas los beneficios con el dólar MUC.

Con posterioridad los consumidores han sido los reguladores de la compra y venta de ejemplares y espacios mediáticos. Solo durante el período montesinista fueron los propios directivos de cierta prensa quienes decidieron, por sí y ante sí, poner en venta sus líneas editoriales.

A raíz de eso un grupo de diarios creó el Consejo de la Prensa, del cual soy cofundador y que se ha terminado convirtiendo en club de propietarios y con un socio –a su vez presidente de la SIP– que fue asiduo visitante de Montesinos.

Hoy la mala administración económica, la obsolescencia editorial, las aventuras empresariales en negocios colaterales y la falta de contenidos decentes (y no la basura que “calienta” las antenas a base de pornografía mal disimulada) explican la urgencia de seguir con una subvención que hubiese financiado varios hospitales generales.

Los estados financieros en rojo de muchos medios pretenden, además, ser aliviados ganando la buena pro de los avisos judiciales, cosa que debería corresponderle al Diario El Peruano, instrumento legítimo del Estado boicoteado desde el sector privado. También debiera invertirse en medios públicos (no gubernamentales, como la BBC), e inclusive debiera tenerse un canal público peruano de alta calidad para el extranjero.

Entre tanto, la información y la publicidad están migrando a la plataforma digital pero todavía no es rentable. Sin embargo, ese es problema de la industria  editorial y no de los contribuyentes.

La otra falacia es sostener que si no hay avisaje oficial entonces nadie informará sobre los proyectos y programas del Gobierno. ¡Falso! Si tuviésemos prensa seria, comprometida con las necesidades del país, no se necesitaría pagar por esa información.

De modo que a las plañideras debe decírseles no va más: compitan o desaparezcan.

Nota del director, el artículo de Hugo Guerra, publicado hoy en el Diario Expreso, es un excelente resumen de la necesidad de acabar con los privilegios de una prensa que vive de nuestros impuestos y no de la construcción de su propio esfuerzo y resultados.

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