REVOCAR AL CANALLA

Esta semana va a ser histórica. En el pleno, sobre la revocatoria de PPK, vamos a ver si se impone el clamor de justicia del pueblo o si nuevamente prevalecen los clubes electorales y las organizaciones mercantiles que quieren seguir colgadas de las tetas del Estado para exprimirlas a costa del empobrecimiento de 32 millones de peruanos.

El proceso revocador, tal como lo disponen la Constitución y el Reglamento Interno del Congreso, es un proceso político, no judicial.

Por deferencia al Presidente se le permite su defensa o la encargue a su abogado. Pero esa defensa es únicamente un alegato genérico de principios, no un descargo de pruebas, ni tampoco un recurso jurídico. Todo eso, en su debido momento deberá conocerlo y decidirlo tanto la Fiscalía de la Nación cuanto la Corte Suprema de Justicia.

En consecuencia los congresistas de las diversas bancadas no deben asumir el rol de jueces, sino que deben votar para decidir si el jefe del Estado ha incurrido, o no, en actos de inmoralidad permanente que no le permitan ejercer la primera magistratura de la nación so pena de poner en riesgo su integridad o envilecer la imagen de la patria en la Comunidad jurídica Internacional.

Las discusiones bizantinas sobre la moral no tienen cabida. La moral, en síntesis, es saber distinguir entre lo que es bueno y correcto y lo que es malo e incorrecto. Y la ética sea personal o funcional es actuar en función de la moral.

En el caso de PPK la lista de mentiras, procedimientos reñidos con la ley, el daño causado al tesoro público, la incompatibilidad de funciones y el descarado intento de mentir a la opinión pública en reiteradas oportunidades no necesitan volver a analizarse en el pleno congresal, ya que eso se sancionará judicialmente. Las evidencias, pruebas, indicios y declaraciones de terceros han puesto ya al Presidente en la posición de un canalla exitoso en sus negocios y lobbies, pero profundamente perjudicial para el recto manejo de la república. Esa convicción debe ser suficiente para vacarlo, es decir retirarlo con deshonor del cargo y permitir que el proceso constitucional continúe con el primer vicepresidente a la cabeza. Un personaje que no tiene derecho a renunciar porque  fue elegido bajo condiciones sucesorias como la que hoy se plantea.

Vizcarra debe tomar las riendas del poder de inmediato y re enrumbar al país, salvo, claro está, que se autodeclare incapaz.

Publicado en el Diario Expreso.

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