INFORME ESPECIAL – EN POCAS PALABRAS ONP TAMBIÉN LAS CENTRALES DE RIESGO HACEN SU CUOTA

Uno de los problemas más graves que enfrentan los pensionistas de jubilación, viudez, orfandad e invalidez en la oficina nacional de normalización previsional, la empresa estatal conocida como la ONP, es el trámite para acceder a la cobertura de beneficios y la jubilación misma.

Por eso, interponen demandas judiciales que demoran años de años por cuatro grandes motivos.

El primero, que la ONP contrata por millonarias sumas de dinero a grandes estudios de abogados que dilatan los juicios. Segundo que los potenciales pensionistas no tienen dinero –ni pensiones- para enfrentar largos y enredados procesos. Tercero, la carga de la prueba, que es evaluada por empresas contratadas especialmente para certificar la validez de los documentos presentados por los trabajadores que anhelan lograr sus derechos. Y en cuarto lugar, el enredo procesal que caracteriza a los insostenibles sistemas estatales previsionales y judiciales en el Perú.

En el ámbito previsional, la ONP contrata hace más de 10 años a compañías que deben verificar los documentos de identidad, las boletas, planillas, liquidaciones, constancias de trabajo, certificados y todo aquello que los trabajadores alcanzan a la ONP para iniciar sus trámites. Entre estas compañías hemos identificado a las denominadas centrales de riesgo.

Por ejemplo, en la Memoria Institucional del año 2004 se detalla lo siguiente

Si observamos detenidamente, no sólo es una empresa elegida como la proveedora de un servicio denominado de verificación, sino que también otras empresas no especializadas en temas previsionales dan todos los servicios potestativos de la ONP, desde la orientación y recepción al trabajador o potencial pensionista, la calificación del otorgamiento de derechos pensionarios, por ejemplo de invalidez parcial o total, temporal o permanente, viudez, orfandad y jubilación, hasta la atención telefónica para la absolución de consultas de los regímenes administrados por la ONP.

En estos temas, repetimos, altamente especializados, los proveedores no son especialistas, muy al margen de sus labores tradicionales. Por ejemplo, la calificación y otorgamiento de derechos pensionarios a un trabajador con invalidez parcial, no se sabe cómo una empresa contable o de auditoría financiera la realiza sin estar dentro de sus cualidades y experiencia el soporte de evaluación médica, sin el cual es imposible hacer el proceso integral.

Por otro parte, las empresas dedicadas a algo que llaman verificación, entendemos por la poca información que se puede obtener de fuente directa, que se trataba de un grupo de personas contratadas por el proveedor –tercerizando la tercerización- iban a preguntar entre otras cosas, si en el domicilio consignado vivía el trabajador o potencial pensionista y también, si en los empleos donde decían haber laborado los solicitantes del derecho previsional se les reconocía como ciertos los documentos acreditados.

Esa labor casi notarial, con miles de solicitantes en listas de espera, no se realiza de esa forma o usando también esa práctica, para eso existen los sistemas de información y el cruce de datos, por lo tanto la misma ONP puede hacerlo profesionalizando a sus trabajadores o mediante alianzas públicas-públicas con universidades nacionales.

Pero vayamos a lo sustancial, el gasto en contratar servicios de empresas no especializadas en materias previsionales, se interpreta en nuestra opinión, como un gran negocio, que si bien puede tener sustento legal –como muchos otros negocios con el Estado- no es lo mejor para obtener resultados, aminorar costos y obtener beneficios productivos.

Y como podemos ver, en esta parte de la historia de los servicios judiciales, de verificación, de calificación de expedientes y de muchísimas otras tareas propias de la ONP, los proveedores son casi los mismos desde el 2004 –cuadro anterior- al 2010 que volvemos a verlos en la misma gráfica.

Concluyendo este breve y puntual informe, les alcanzamos un cuadro de gastos que detalla cuánto se ha pagado el 2015 y el 2016 –alrededor de 110 millones de soles por año- en estas verificaciones, orientación y atención al público, telemarketing, ejecuciones de sentencias y cuánto se han llevado los estudios de abogados -43 millones de soles en dos años- cifras exorbitantes a las que se une como perceptor escondido la Sunat, ese tema lo trataremos esta semana.

La Sunat cobra por cobrar, cuando es el Banco de la Nación quien recibe los aportes de las empresas y los trabajadores. Cosa extraña también.

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