LA LUCHA QUE ESTAMOS PERDIENDO TODOS

La revelación hecha por ‘Panorama’ respecto a que  los jueces Hinostroza Pariachi y Walter Ríos liberaban a narcotraficantes procesados en el Callao, revela apenas una parte crucial del crimen organizado en el Perú, una amenaza gravísima para la seguridad nacional.

Para tener una idea de lo que ocurre es necesario recordar que somos los mayores productores de cocaína en el mundo; cada año el narcotráfico mueve aquí alrededor de 8,500 millones de dólares; nuestros puertos son vitales para la mafia porque –según explica Jorge Serrano Torres-  están ubicados muy cerca de la llamada “Autopista 10”, la ruta usada para exportar la droga a Europa y Estados Unidos.

Quienes operan principalmente en nuestro territorio son los mexicanos del Cártel de la Federación de Sinaloa (antes de ‘El Chapo’, hoy de El Mayo Zambada) y de Jalisco Nueva Generación (de Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’). Las contrapartes europeas incluyen a criminales libaneses, serbios, nigerianos e italianos como los de La Cosa Nostra y La Camorra. También hay vínculos con el Hezbollah, que ya tiene fachada político – religiosa en zonas como Apurímac y Lima.

Las FARC siguen incursionando en nuestro territorio; la  relación del narcotráfico con Sendero Luminoso está ampliamente demostrada; y alrededor de 23 familias  se hacen cargo de un negocio con indicadores impresionantes: una vez que los cargamentos de clorhidrato de cocaína llegan del Vraem al Callao, el precio por cada kilo de droga aumenta 50 %, es decir, se cotiza en US$ 3,500.

En el área chalaca hay por lo menos cinco organizaciones criminales que se disputan el control absoluto de los envíos de droga al extranjero. Se calcula, además, que 80 % de los trabajadores portuarios, en diversos niveles, están vinculados al narcotráfico. Por eso, y porque la droga sale por casi todos los puertos nacionales cada cinco días, de las 400 toneladas de cocaína que el Perú produce anualmente, la policía solo incauta un 7 %.

Cada año se ‘lavan’ alrededor de 300 millones de dólares que entran al mercado bajo fachada de empresas legales; y ‘Ojo Público’ acaba de publicar un informe titulado DineroLeaks, según el cual desde 1998 “el BCP, el BBVA Continental, y otras entidades del sistema bancario, recibieron más de US$ 2,200 millones de clientes sospechosos por sus nexos con el crimen organizado y la evasión fiscal”.

Así las cosas, esta es una lucha que estamos perdiendo mientras el Gobierno sigue dando palos de ciego sin trazar nuevos planes de control.

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