PRENSA Y SECRETO PROFESIONAL

En prácticamente todos los códigos y disposiciones éticas de los periodistas del mundo entero, encontramos la obligación a respetar el secreto profesional y, a no revelar fuentes, lo que indiscutiblemente los comunicadores sociales defienden con fuerza, convicción y razón.

En la “Declaración de Chapultepec”, adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión, en México, el 11 de marzo de 1994, y suscrita por infinidad de países, estadistas, gobernantes, autoridades, profesionales y ciudadanos en general, reafirman el derecho al secreto profesional e incluso critican a “jueces con poca visión (que) exigen que los periodistas divulguen fuentes que deben permanecer en reserva”.

Pese a lo señalado, hay periodistas que aplauden a rabiar, cuando autoridades de diverso origen y nivel, exigen que se fuerce a los abogados a revelar las conversaciones y comunicaciones con sus clientes, así como la identidad de aquellos.

Es pésimo el doble estándar observado, pues mientras para los periodistas el respeto absoluto a su secreto de fuentes, para otros profesionales: que se sienten en la noticia y las revelen, suelten la lengua y divulguen las confidencias recibidas en secreto, y como dicen los comunicadores “off the record“.

El origen del secreto profesional y el derecho correlativo que lo ampara, según diversos estudiosos nace en tiempos remotos, con dos connotaciones, por un lado la religiosa y por otro la militar. En la primera se exigía a los conductores de los diferentes credos, no difundir las confidencias de sus seguidores. En la segunda se sancionaba con severidad a los soldados de toda categoría y grado, que proporcionaban al enemigo cualquier dato relevante.

El secreto profesional se desarrolló y evolucionó, incorporándose a sus preceptos a todas las profesiones, pero con un mayor rigor a la profesión de abogados, notarios, escribanos, médicos, tecnólogos médicos, y enfermeras.  El derecho al secreto profesional se tornó general y universal, e incluso en muchísimos países, además de derecho, es obligación, que si es transgredida se convierte en pasible de sanción para el infractor.

La normatividad nacional de protección al secreto profesional es amplia, comenzando por la Constitución, y siguiendo en la Ley del Procedimiento General, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código Penal, en la Ley que Regula la Gestión de intereses en la Administración Pública, entre otras disposiciones.

La jurisprudencia también es amplia en lo referente a la materia que tratamos, y el Tribunal Constitucional ha declarado que la obligación de guardar el secreto profesional impone que el profesional “…no divulgue o participe a otros, dichos secretos, sin consentimiento de la persona a quien conciernen. El secreto profesional es, así, una garantía para el ejercicio de determinada profesión u oficio, de modo que ninguna autoridad o poder púbico en generar, pueda obligar a entregar información reservada para usos propios de la profesión”.

Señala viejo dicho que respetos guardan respetos, y por ello los profesionales respetamos la información recibida reservadamente, lo que obliga a los demás a respetar a que los secretos estén a buen recaudo.

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