FAMILIAS “DEMOCRATICAS”

La Constitución Política del Perú, consagra en diversos artículos las “libertades” y derechos que posee toda persona, entre otras, la intimidad personal y familiar, la inviolabilidad del domicilio, la reserva de convicciones de toda índole y la identidad e integridad moral, psíquica y física y su libre desarrollo y bienestar. Señala también la Constitución (art. 4°) que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono, así como también protegen a la familia y promueve el matrimonio, reconociendo a estos últimos como “Institutos” naturales y fundamentales de la sociedad. Señala también (art. 6°), que la Política Nacional de Población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables, reconociendo el derecho de las familias y de las personas a DECIDIR. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados. Consagra también los deberes y derechos de padres e hijos: A los padres, les confiere el derecho y el deber de alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. A los hijos, el deber de respetar y asistir a sus padres. La Constitución no otorga “derechos” a los hijos sobre los padres, ni infiere ningún tipo de “democracia” dentro del ámbito de la intimidad del hogar, porque ello significaría una intromisión en las libertades consagradas en la misma Constitución.

El Código Civil describe y desarrolla ampliamente las relaciones personales entre los conyugues, estableciendo deberes y derechos que nacen del matrimonio o de la unión de hombre y mujer, en claras condiciones de igualdad. Desarrolla también, el ejercicio, contenido y determinación de la patria potestad, asignándole a los padres el deber y derecho de cuidar de la persona y bienes de los hijos menores. Señala el Código que la patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre, correspondiéndoles a ambos la representación legal de los hijos, estando éstos sujetos a la tutela de los padres (no del Estado).

La intervención del Estado en este tema, debe enfocarse en dictar políticas públicas que fomenten la prevención y la inmediata atención de personas que sean víctimas de cualquier tipo de delito dentro del seno de las familias, incluyendo los actos de violencia de toda índole, y no pretender regular la forma de organización interna de éstas, tema que se encuentra claramente en la esfera de la privacidad y libertad individual. La Constitución le asigna de esta manera, al Estado, la potestad de difundir y promover (no de intervenir en sus relaciones más íntimas) la paternidad y maternidad responsable, reconociendo el derecho de las familias y de las personas a decidir.

El Decreto Legislativo 1408, promulgado recientemente por el Poder Ejecutivo, derogó la Ley 28542, “Ley de fortalecimiento de la familia”, que fue reglamentada a través de diversos instrumentos legales, tales como el D.S. 003-2016-MIMP, para introducir un nuevo concepto de “FAMILIA DEMOCRATICA”. Pero, la pregunta que muchos nos hicimos fue: ¿Qué es una “familia democrática”?

De la revisión del articulado del decreto legislativo, se desprende la intención del gobierno de desarrollar un nuevo “marco normativo” para diseñar políticas públicas que permitan “fortalecer y sobre todo, prevenir la violencia en las familias” y asignar responsabilidades a los tres niveles de gobierno (central, regional y local) en el tema.

Pero en el fragor de dicha intención, se creó una nueva denominación arbitraria y única al concepto de “familia”, asignándole la definición homologada de “democrática”, en la que la idea central pareciera circunscribirse a una nueva manera de considerar los “intereses y necesidades” de todos sus integrantes en la toma de decisiones, propiciando relaciones “IGUALITARIAS”, respetuosas y libres de violencia. Señala también la nueva norma, como “enfoques transversales” las acciones del Estado para “DESTERRAR LAS RELACIONES DE PODER”, asimetrías de los roles, y tareas que realizan los hombres y mujeres como obstáculos al desarrollo de relaciones igualitarias, pero sin hacer distingo entre los “miembros” de esta novedosa figura de “familia democrática”. En la misma línea, define y precisa el principio y derecho fundamental de los “integrantes” (todos, sin excepción ni distinción: adultos y menores de edad por igual), al respeto de “sus derechos” en condiciones de IGUALDAD. Es decir, confiere o pretende conferir una “igualdad horizontal” de posición, tanto a adultos y menores de edad sin distinción. En resumen: vos y voto para todos los miembros de la familia por igual.

El concepto de “democracia” tiene su origen en el antiguo griego y se forma de combinar dos vocablos “DEMOS” (que se traduce como pueblo) y KATROS (que se traduce como poder y gobierno). La noción es muy antigua y comenzó a emplearse en el siglo V antes de Cristo, en Atenas. En la actualidad, se entiende que la democracia es un sistema que permite organizar un conjunto de individuos, en el cual el poder no radica en una sola persona, sino que se distribuye entre todos los ciudadanos. Por tanto, las decisiones se toman por opinión de la “mayoría”
Diana Baumrind, psicóloga clínica norteamericana nacida en 1927, considerada pionera en la identificación de los “Estilos de familias”, definió a las familias en diferentes categorías: “autoritarias”, “permisivas y “justas” (“Just right”), de donde se extrae el estilo “democrático” usado en la actualidad y en la nueva regulación legal asumida por el gobierno peruano. El origen de esta clasificación es visible en los trabajos de investigación de Diana, quien en la década de los 60 estableció esta tipología de padres en función del grado de control y vigilancia que ejercían sobre la conducta de sus hijos y del cariño y afecto que les expresaba.

En su libro de 1998, “La tercera vía”, el sociólogo británico Anthony Giddens hizo un provocador planteamiento alrededor de la familia: Habló también de “democracia” en un ámbito que suele ser considerado privado, distante de los rigores de la tutela del bien común que llevaron a filósofos y políticos a promover en su tiempo la idea de la democracia como forma de organización del poder. El plano de la familia y de las relaciones a su interior, ha sido comprendido como parte del estado natural de las cosas, donde los padres (no los padres y las madres, sino solo los padres) imponen sus leyes, sin derecho al “voto” para los demás, ni obligación de rendición de cuentas. El enfoque de “democratización familiar” pareciera promover los procesos de responsabilidad compartida de hombres y mujeres en el seno familiar, reconociendo la autoridad equitativa e igualitaria de hombres y mujeres en la toma de decisiones familiares, labores domésticas y responsabilidades dentro del hogar, propiciando un vínculo de fortalecimiento emocional y respeto de madres, padres e hijos.

Es importante destacar que los estilos de familias, se refieren a un funcionamiento intra-familiar, a un “estilo” que adoptan las personas en base a sus principios o cultura, sobre los que el Estado no puede o no debe intervenir, pues están reservados a la esfera de la privacidad. Pareciera un error el haber promulgado un D.L. en el que, so pretexto de lograr la igualdad de derechos y deberes de hombres y mujeres en los temas de responsabilidad del hogar (a los que nadie en su sano juicio podría oponerse) y prevenir situaciones de violencia y/o abuso, se haya extendido la inclusión (premeditada o no) de los menores de edad a un tema de IGUALDAD de posición, propiciando el cambio de paradigma del significado que la actual Constitución otorga a la familia en base al derecho de libertad.

En todo caso, ante la preocupación que generó la promulgación de este Decreto Legislativo, y el cuestionamiento de la verdadera intención de la nueva “definición” de la familia, es necesario resaltar la inmediata y oportuna reacción correctiva del gobierno, al expedir –cuatro días después- el nuevo Decreto Legislativo No. 1443, retirando de su articulado la polémica nueva definición de la “Familia” en nuestro país.

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