NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL ESTADO: ¿Y LOS CIUDADANOS?

El ministro de Economía, Carlos Oliva, ha adelantado que el Poder Ejecutivo observará la reciente Ley de Negociación Colectiva en el Sector Público aprobada por el Congreso, pues “no contempla necesariamente el equilibrio presupuestal”. Es una posición correcta, pues la nueva ley enfatiza más en aumentos salariales sindicales (interés particular) que en cautelar el equilibrio presupuestal (interés público). Ambos conceptos tienen rango constitucional y la ley debió equilibrar a ambos.

No decimos que se deba prohibir la negociación colectiva o que el Perú no necesite una ley que regule los incrementos remunerativos en el sector público. Si lo necesita, tanto que el propio Tribunal Constitucional (TC) exhortó a legislar en esa materia, tras declarar inconstitucional la prohibición establecida en las normas presupuestarias y en la ley Servir que permitía negociar solo condiciones de trabajo y sujetaba los incrementos a la meritocracia.

Tampoco creemos que toda negociación colectiva afecta siempre el presupuesto público. En los países en los que existe negociación colectiva salarial, hay herramientas que permiten salvaguardar el desorden que generarían incrementos de sueldos incontrolables y sin límites.

Una mala regulación es la que afecta el presupuesto público.

Y ¿por qué es importante cuidar el equilibrio presupuestal? Pues porque las remuneraciones del sector público son un costo económico que se financia con los impuestos que pagamos los ciudadanos.

Y los ciudadanos somos -y debemos ser- el centro del accionar del Estado.

La nueva ley establece que todo acuerdo “está sujeto a la capacidad presupuestal de cada entidad”, pero se trata de una frase declarativa, pues en la práctica no pone parámetros y deja en manos de los árbitros decidir -sin límites los incrementos, cuando no hay acuerdo entre las partes.

Ello ubica a los funcionarios encargados de las negociaciones colectivas y a la propia entidad en una situación de desventaja en los arbitrajes al no tener posibilidades de plantear una propuesta sobre condiciones económicas. Los árbitros -en muchos casos- dejan de lado las restricciones presupuestales y otorgan aumentos sin mayores límites que su ilustrado criterio. De acuerdo a un informe de Servir, entre los años 2009 y 2014 se quintuplicaron (de 4% a 21%) los laudos arbitrales en las negociaciones colectivas del sector público.

La vía arbitral sirvió para eludir la prohibición de incrementos señalados en las leyes anuales de presupuesto.

Adicionalmente, la ley ha establecido que los aumentos son aplicables no solo a los afiliados sindicales sino a todos los servidores de la entidad; asimismo, ha derogado dos decretos legislativos que ponían orden y control sobre la planilla y que viabilizaban una implementación más célere de la reforma del Servicio Civil. Así, ahora será muy fácil desbalancear el presupuesto y afectar el equilibrio fiscal, con todas las consecuencias que ello supone.

Es importante recordar que el TC fue muy claro en señalar que la nueva norma no debía obviar los principios de equilibrio y previsión presupuestal y la meritocracia. Es decir, las mejoras remunerativas deben vincularse también al mérito, a la productividad y eficiencia en los servicios que prestan las entidades.

Introducir una negociación salarial absoluta sin considerar estos principios significa una afectación a la propia sentencia del TC y a los importantes avances logrados en introducir la meritocracia en el sector público, tan reclamada y esperada por los ciudadanos. Por todo ello, coincidimos en que debe ser observada.

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