NO SOLO HAY QUE SERLO, HAY QUE PARECERLO

– Hay persecución política ?

No creo que esté roto el Estado de Derecho, no creo que estemos viviendo una dictadura, no creo que el Presidente Vizcarra esté encabezando una persecución política ni a García ni a otros políticos o partidos.

Pero si creo que, ante la indignación generalizada por graves actos de corrupción, tanto del sector público como privado, se ha entrado a una dinámica política y judicial, donde se están transgrediendo sistemáticamente una serie de principios y normas fundamentales que caracterizan a las democracias y el Estado de derecho.

El mal no se combate con el mal, al delito se le enfrenta con el imperio de la ley, con un sistema judicial probo y firme, pero respetuoso de los derechos humanos, la dignidad de las personas, el debido proceso y la presunción de inocencia.

El fin no justifica los medios, en la antigüedad y en épocas de barbarie y terror, se justificaba la tortura como medio para que los supuestos delincuentes, brujas e impíos, confiesen sus fechorías y pactos diabólicos, más aún con frecuencia, ante el sufrimiento, miedo o amenaza, se lograba que acepten las acusaciones y declaren lo que los inquisidores querían escuchar.

El antiguo poder opresor del monarca, el señor feudal, el dictador o el vencedor en batalla, con el avance de la civilización, es sustituido por el poder del Estado de Derecho y el imperio de la ley. Ya no se puede torturar, amedrentar ni amenazar, la máxima sanción es la cárcel, cuando en un debido proceso se vence la presunción de inocencia y la verdad legal se abre paso para llegar a la conclusión (certeza razonable) de culpabilidad. Nótese que la cárcel es la pena que se impone al final del proceso, no al inicio. Se impone, por que se ha generado certeza y convicción; no al inicio, donde aún se está en un entorno de acusaciones, sospechas e indicios.

Cuando se abusa de la detención preliminar y/o la detención preventiva, por plazos exorbitantes de tres años (36 meses) mientras se investiga, termina siendo una condena anticipada. Peor aún, un tema que muchos no conocen es que este plazo es solo para investigar y al final del mismo, si no se amplía y recién viene la etapa de denuncia fiscal, donde el juez podrá o no, dependiendo de las pruebas que exhiba el fiscal, determinar si se inicia o no el juzgamiento o se deja en libertad al investigado, en este caso, sin que nadie le repare el daño físico, moral y económico causado al inculpado y sus seres queridos.

Los referidos excesos se vienen produciendo pese a sendos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y decenas de juristas de prestigio. Las posiciones garantistas, son ahogadas por la justicia plebiscitaria aplicada mediaticamente, el poder de la comunicación sin freno ni control impone el juicio y condena mediática, arrinconando a los operadores de justicia quienes si no se doblegan al mandato de los medios y las encuestas, pasan a ser cómplices o corruptos.

Si a ello le sumamos la presión política e ideológica desde el Poder Ejecutivo e importantes sectores del Congreso, la sociedad civil y ONGs, quienes exigen destituciones de funcionarios, condicionan el diálogo, llaman personalmente por teléfono a autoridades de otros países y hasta viajan para hacer presión, se da la impresión de que sí hay persecución, sí hay inferencia política o por lo menos que las instituciones son débiles y vulnerables ante las arremetidas de los que retengan cuotas relevantes de poder real.

El peor riesgo que corremos en el fundamental objetivo de derrotar la corrupción y la impunidad, es “deslegitimar las instituciones y generar la impresión de que no hay independencia de poderes ni la debida autonomía del Ministerio Público y el Poder Judicial”.

Related News

Leave a Reply