LO QUE LA PRENSA NO DICE
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LO QUE LA PRENSA NO DICE

ENTREVISTA A ÁNTERO FLORES ARÁOZ

Entrevista por: Luis Quispe

Doctor Flores-Aráoz, ¿cómo usted evalúa el pre acuerdo que ha firmado el procurador, el fiscal Pérez con Odebrecht? ¿Cuál es su balance respecto al mismo?

Es lamentable, porque no se ha tenido en cuenta varias cosas. Lo primero, hay una confusión entre lo que es restitución y lo que es indemnización. Cuando hay colaboración eficaz es porque el Estado conoce que no puede procesar a los involucrados en un evento de corrupción, porque no los puede identificar; y, al no poderlos identificar, quedan fuera del poder del Estado de sancionar. Quedar fuera genera impunidad. Para que ello no suceda, el Estado busca personas que conozcan de los asuntos y puedan “echar” a personas que están involucradas en mayor volumen o que el estado tenga mayor interés sobre ellas. Como quiera que los actores brasileros tienen colaboración eficaz en un país se llama Delación Premiada. Evidentemente si Perú los procesa, Brasil no los va a mandar al Perú. Segundo, están protegidos por la normatividad de la acción privada. Entonces el Estado realmente se ve imposibilitado de procesar a los actores peruanos. Y, ¿qué dice el Estado Peruano? Dice: “oye, como yo no voy a poderte procesar, porque estás protegido, échame a los responsables de este tema privado en el Perú que hayan cometido actos de corrupción”. Y entonces, nosotros también le damos la Delación Premiada; es decir, es impune en el Perú, no le pueden hacer nada. Le dicen, “yo tengo más interés en los que han sido funcionarios acá y que han sido corrompidos, a los funcionarios brasileros.” Eso es la colaboración eficaz, “no puedo ubicarlos, entonces a través de premiar a algunos, encuentro a los peruanos”. Entonces, ¿qué se pretende? Por un lado, ubicar a las personas para procesarlas, y por otro lado que se reparen las consecuencias negativas de estos actos de corrupción a favor del Estado.

¿Qué opina sobre la reparación civil establecida en el acuerdo con Odebrecht?

Hay dos vertientes en la reparación. Por un lado, está la Restitución. Si el Perú, contrata una obra con 100 y la obra vale 50, habiendo pagado todo el derecho, tengo el derecho de que me restituyan los otros 50 que pagué de más. Asimismo, hay una indemnización por daño causado, que es diferente, es el resarcimiento de daño que me has causado. Y me has causado daño porque al haberte pagado más por algo que vale menos, he impedido utilizar ese dinero en hacer otras obras. Con eso se podría realizar otras obras como colegios, hospitales, vía pública, etc. Puede haber un daño físico o material, pero también hay un daño moral, porque me has perjudicado al haberme corrompido al personal de la Administración Pública. Dos vertientes: una, la de resarcimiento y dos, la de indemnización. Y para calcular ambos se requieren estudios técnicos, no es solamente cuánto me das y cuánto yo te exijo, sino que debe ser sobre base sólida.

¿Cree que el cálculo de la reparación se ha realizado sin un estudio técnico adecuado?

Los procuradores dependen del Ministerio de Justicia, ese no es un Ministerio técnico, le faltan economistas, no tienen como en el sector de Economía y Finanzas personas competentes para esta función. En consecuencia, este convenio de colaboración eficaz primeramente tiene el problema que te he dicho: se olvidan de la restitución y la reparación parece diminuta. Otro tema cuestionable es el monto de la indemnización, que, encima de ser reducido, se paga en 15 años. Que no haya intereses, que no haya un estudio claro, y que se esté permitiendo la venta de activos que bien podrían haber servido para el pago al contado de la reparación civil. Y, por último, señala solamente cuatro obras específicas, pese a que el acuerdo también menciona otras dieciséis, pero que no se dicen todavía y que se supone estarán señaladas en el acuerdo final. Esas han sido las observaciones básicas que te puedo decir.

¿Cree que hay algún tipo de orientación política en la construcción de este acuerdo?

Me parece que es la falta de experiencia. No nos olvidemos que este es el primer caso de corrupción más grande que ha habido en el país, que es un caso de corrupción que ha sido nacional e internacional. Que ha tenido una serie de aristas internacionales, que ha involucrado a varios países y que la empresa madre, que es Odebrecht, tiene una infinidad de subsidiarias y también de consorciadas, que hacen bien difícil hacer un acuerdo de esta naturaleza. No hay preparación para una cosa así.

Si le tuviera que colocar un calificativo al acuerdo, en una palabra, ¿cuál sería?

Inaceptable.

¿Las responsabilidades de este tema también alcanzan al ministro Zevallos? ¿O cree que es un tema de solo los que específicamente han negociado?

Se ha venido diciendo que los procuradores son autónomos, cosa que es una insensatez. Yo no sé si el procurador ha estado informando o no al ministro; si no ha informado, hay una omisión de parte del ministro de no exigirla. Igual ha sucedido en el Ministerio Público, sienten que tienen autonomía, y lógicamente tienen autonomía funcional; pero, el Fiscal de la Nación de ese entonces, Chávarry, reclamaba y nunca le dieron la información. El Ministerio Público hoy está desacreditado por una mala o insuficiente actuación de un fiscal.

¿Cree que se debería inhabilitar a Odebrecht para que no continúe contratando con el Estado?

A mí me parece que hay que ver dos cosas: primero las obras que están en ejecución que debe cumplirlas, porque paralizar obras para después reiniciarlas cuesta muchísimo más. Entonces, debe terminar lo que está pendiente, pero para el futuro, ni una más, inhabilitarla. Gallina come huevo, aunque le corten el pico, por qué nos vamos a exponer a tener una empresa corrupta si no sabemos si ha terminado esas malas prácticas o las continúa.

¿Habría que tener una sanción similar ante las consorciadas?

No por ser consorciadas. Puede haber consorciadas serias y otras que no lo son, hay que investigar. Y si en la investigación se da que tienen responsabilidades, las disposiciones de las normas de Contrataciones con el Estado dicen que no pueden tener más obras.

¿La denuncia que está esgrimiendo la congresista Vilcatoma es constitucionalmente improcedente?

Hay que ver la parte legal, que para mí no tiene procedencia. Me da la impresión de que están jugando de nuevo a la vacancia, y la verdad que ya no estamos para eso. Siempre durante el ejercicio del presidente no lo puedes procesar por cualquier tema de enjuiciamiento penal. En consecuencia, si está interrumpida la prescripción, bien puedes esperar cuando termine para hacer la investigación. Yo creo que hacerla en estos momentos es realmente ponerle zancadillas al gobierno, y creo que ahora lo que se necesita es trabajar Gobierno y Congreso en una sola dirección que debe ser el desarrollo del país.

16 febrero, 2019

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