NO HAY DELITO DE OPINIÓN
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NO HAY DELITO DE OPINIÓN

Como consecuencia de algunas sentencias condenatorias en querellas por delito contra el honor, en que han sido sancionados periodistas, prácticamente se han formado dos bandos.

El primero de ellos determina qué no habiendo delito de opinión, conforme lo preceptúa nuestra Constitución, no debió el juez penal emitir sentencia condenatoria contra periodistas que habían ejercido su derecho a opinar.

El segundo, considera que si en la opinión se afecta el derecho de las personas a su honor y buena reputación, mediante acciones tipificadas en el Código Penal, como injuria, la difamación o la calumnia, es pertinente la sentencia condenatoria.

Ante el supuesto conflicto entre esos derechos constitucionales -esto es, el derecho al honor frente al derecho de opinión-, es conveniente establecer si hay colisión, máxime también si es que ambos tienen amparo específico en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es signatario.

Nuestro Tribunal Constitucional, reiterativamente, ha sentenciado que no hay derechos absolutos, y que debe hacerse la ponderación correspondiente, hasta con test de racionalidad, cuando aparentemente se percibe enfrentamiento entre derechos constitucionales.

Bueno pues, hagamos el análisis ponderado de la situación.  Comencemos por la “opinión”, en que la Constitución con claridad meridiana establece la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, agregando que “no hay delito de opinión”, lo que no puede confundirse con la apología al terrorismo.

En la otra vereda se encuentra el derecho al honor y a la buena reputación, en que la misma Constitución agrega que la persona que es “afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique…sin perjuicio de las responsabilidades de ley”.

La Constitución admite que a través del libro, la prensa y demás medios de comunicación social, se pueden cometer delitos que se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común.

De lo expuesto, tenemos que el derecho a opinar es sustancial y es parte de las libertades humanas; y que la difusión del pensamiento y expresión a través de la prensa es garantía del ejercicio de la libertad. Empero el derecho a la opinión no es pleno, absoluto ni total, tiene el límite que no debe afectar al honor y la reputación de las personas, así la opinión se emita a través de la prensa, sometida a las “responsabilidades de ley”.

La libertad de prensa no otorga derecho alguno a agraviar, pues no es “patente de corso”, y el ejercicio de sus actividades tiene que ser con respeto al derecho de los demás.

En los casos concretos que se están ventilando penalmente, tendrá que determinar el Poder Judicial si las expresiones contenidas en los artículos periodísticos materia de cuestionamiento son o no agraviantes, para ver si ello se encuentra dentro de la tipificación de los delitos contra el honor, pues las simples opiniones no agraviantes no generan responsabilidad penal, administrativa o civil.

18 febrero, 2019

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