TÍA MARÍA SI VA:
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TÍA MARÍA SI VA:

Los proyectos de inversión son de interés nacional, por su aporte al desarrollo, al crecimiento del PBI, al empleo y la tributación, más aún en el caso de proyectos mineros como Tía Maria, que adicionalmente aporta Canon Minero y Regalías que se distribuyen directamente a las regiones, provincias y distritos, donde se asientan los proyectos mineros. Para su viabilidad es requisito ineludible, cumplir con todos y cada uno de los requisitos legales que exige el ordenamiento jurídico del Estado, como la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, entre otros.

Las leyes no contemplan ningún requisito llamado “licencia social”, este concepto es un invento, una creación, una falacia mañosamente posicionada por sectores anti inversión en general y/o anti minería en especial.

Es legítimo, hasta natural y lógico que cada persona, con poca o mucha información, estén a favor o en contra de determinados proyectos de inversión, pero ello, no implica, que se rompa el Estado de Derecho, la Seguridad Jurídica, la predictibilidad, y el imperio de los principios de: Legalidad, Orden y Autoridad. Caso contrario estaríamos ante un estado fallido, encaminado inexorablemente a la anarquía y la pobreza nacida de ella.

Un país con más de 33 Millones de habitantes, una región como Arequipa que alberga a cerca de 1.4 Millones de ciudadanos y una provincia como Islay, con 44 Mil mollendinos mayores de edad; tendrían que someter sus expectativas de desarrollo y mejora de calidad de vida, a la voluntad de algunas decenas o exegerando centenas de personas que piensan diferente y que tienen posiciones radicales.

Los anti mineros, unos por desinformación, otros por presión, manipulación, hasta chantaje y extorsión; también los hay por convicciones ideológicas legítimas.

La oposición a la inversión privada y la minería por las razones que fueran, son legítimas en una sociedad regida por el respeto al pluralismo y libertad de pensamiento y expresión; la democracia así lo exige. Pero sin violencia y sin cometer delitos.

Pero lo que si no tienen derecho estos grupos minoritarios, es imponer su voluntad a las grandes mayorías del país, tampoco tienen derecho a imponer sus intereses particulares al interés general y el bien común.

Prácticamente todos los meses, se realizan “masivas marchas” en Islay que convocan entre 30 y 70 personas. Es decir el 0.000002 %, 0.00005% y 0.002%, de la población nacional, regional y provincial respectivamente.

9 mayo, 2019

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