LA AMENAZA ROJA
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LA AMENAZA ROJA

El pedido de Cuestión de Confianza ha servido para comprobar la debilidad de nuestro sistema político pero también las amenazas sobre la Carta Magna y el modelo económico que establece la Constitución de 1993.

La cuestión de confianza, aprobada por 77 congresistas, abre una provechosa discusión sobre asuntos de importancia política en relación a las elecciones internas, las listas de candidatos a elección popular, la inscripción de organizaciones políticas, el voto preferencial, y el financiamiento y la inmunidad parlamentaria. El debate ha comenzado y se llevará a cabo con intensidad hasta el fin de la presente legislatura, muy posiblemente, hasta días antes del 28 de Julio.

Siendo de importancia la reforma política, una gran mayoría no la ve prioritaria y reclama, más bien, la evidente falta de capacidad de gestión del Ejecutivo que impulsa este debate pero que se olvida de otros problemas angustiantes como la falta de trabajo y la inseguridad creciente en todas las ciudades. Solo como muestra de su incapacidad está el gasto en inversión por cartera ministerial que en lo que va del año no supera el 19% en promedio y para el caso del Ministerio de Inclusión Social va, aunque parezca increíble, cero, en lo que va del 2019.

Pero la Carta Magna ha sido ultrajada por quien debía y está llamado en primer lugar, según ella misma, a defenderla: el Presidente de la República. Como bien escribió ayer Federico Salazar en El Comercio: “El Ejecutivo se ha hecho de un poder constituyente que no le corresponde. Ha mandado a hacer reformas constitucionales que tienen que respetar la ‘esencia’ de lo que dicta” y agrega Salazar: “¿Y todo para qué? Para obtener la foto en la que el Ejecutivo dice “luchamos contra la corrupción”. Ese es el tamaño de la frivolidad”.

Y así, mientras una comisión de notables patrocinada por el gobierno, se ha erigido, en la práctica, en poder constituyente, la izquierda comunista, desde el Frente Amplio y Nuevo Perú, proclaman asamblea constituyente y nueva constitución. Políticamente es la carta magna del 93, y su capítulo económico, la que causa escozor y se ha convertido en el principal obstáculo para grupos políticos que quieren manejar para si un Estado socialista elefantiásico, al mismo tiempo que buscan ocultar o relativizar los beneficios en expansión de la clase media, reducción de la pobreza y crecimiento económico, por citar sólo algunos beneficios, que han ocurrido en el pais desde su puesta en vigencia hace más de un cuarto de siglo.

Vicente Zeballos, ministro de justicia, ha desnudado su verdadera intención cuando afirmó hace unos días que sería bueno tener al Estado-Empresario de regreso; olvidando las millonarias pérdidas y el enorme perjuicio que trajo al país ese experimento que nació en el gobierno militar de Velasco Alvarado, tan apoyado por la izquierda comunista peruana.

Ayer, Cecilia Valenzuela escribió en Peru21 que los asesores, precísamente del Ministro Zeballos, Pedro Paulino Grández Costa y César Cárdenas Lizarbe, juegan en pared con el congresista Richard Arce, Nuevo Perú, para promover la amnistía en favor de violentistas antimineros en Las Bambas, pero además buscan “modificar el Art. 200 del Código Penal, el que se refiere a la extorsión, y el artículo 2 de la Ley 30077, que norma las sanciones contra el crimen organizado”.

Como vemos, resulta más que evidente el verdadero objetivo del comunismo parlamentario, de sus operadores políticos y la irresponsable complicidad del gobierno cuyo presidente conduce la nación sin rumbo ideológico y sin destino previsible, en medio de una amenaza roja que avanza segura de lograr un triunfo en el 2021.

10 junio, 2019

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