DERECHOS HUMANOS VERSUS BIEN COMÚN
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DERECHOS HUMANOS VERSUS BIEN COMÚN

Esta semana se aprobó en la Comision de Constitución el primer proyecto de la Reforma Política propuesta por el Poder Ejecutivo. Consiste básicamente en :

“ Ningún ciudadano podrá postular/ingresar a la administración pública por designación o elección popular si tiene una sentencia condenatoria por delito doloso en Primera Instancia”.

A primera vista resulta lógica y necesaria para evitar el ingreso de malos elementos a la administración pública, más aún en la coyuntura de desprestigio y casos emblemáticos harto conocidos. Como ciudadano me gusta el planteamiento.

Sin embargo no deja de preocuparme, la posibilidad de que alguna persona o institución, de buena o mala fe, plantee ante el Tribunal Constitucional, una acción de inconstitucionalidad. Por la presunta vulneración de Derechos Fundamentales consagradas en instancia tanto nacional como internacional.

En el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, está consagrado el “Derecho Humano a la Presunción de Inocencia”. Veamos:

  • Declaración Universal de D.H. Art. 11.1.
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Art. 14.2
  • Convención Americana sobre D.H. Art.8.2.

En el ámbito nacional, recogiendo los instrumentos internacionales señalados y la tradición constitucional, igualmente la presunción de inocencia está recogida en el Art. 2, Inc. 24 de nuestra Carta Magna. Para el caso, además se tendría que hacer una lectura concordada más amplia e integral, con otros derechos fundamentales:

  • Derecho de “Pluralidad de instancias” (doble instancia) como garantía del debido proceso” Art. 139 Inc 6.
  • Derecho a “elegir y ser elegido”. Art. 31.
  • Derecho a “Trabajar libremente”. Art. 2. Inc. 15.

En resumen, se podría alegar, que ninguna persona puede ser impedida de ejercer sus derechos (trabajar y postular) mientras sea considerada inocente, esto es, mientras no tenga una condena firme de segunda instancia. En contraposición y en defensa de la norma aprobada en la Comision de Constitución, se podrá alegar, que no hay derechos absolutos y que el Estado en defensa de la sociedad
tiene el derecho de PREVENIR y evitar el ingreso de potenciales culpables de delitos.

Finalmente, tenemos el problema de la confianza en el sistema de justicia, de la idoneidad de los jueces y la calidad de sus sentencias, en el marco de las estadísticas, esto es, cuántas sentencias (de culpabilidad o Inocencia) son revocadas (anuladas) en Segunda Instancia ?

Espero que no se presenten dificultades y de darse el caso, el Tribunal Constitucional resuelva pensando en el bien común y la imperiosa necesidad de evitar la filtración de indeseables en la administración pública.

13 junio, 2019

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